La nueva Ley Antiviolencia ha generado un efecto disuasorio, dice Lissavetzky

Las dos primeras temporadas de aplicación de la Ley Antiviolencia de 2007 revelan un moderado efecto disuasorio, con un descenso del 15,3% en las propuestas de sanción, aunque en términos porcentuales han subido los casos de racismo y en términos absolutos cierto tipo de infracciones como el apedreamiento de autobuses.
El secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, expuso hoy estos datos ante la Comisión de Educación y Deporte del Senado, a preguntas de la representante del Grupo Popular Miriam Blasco, quien consideró en cambio que muchos aspectos de la Ley no se cumplen.
"No quiero sacar conclusiones que no estén contrastadas", dijo Lissavetzky al hacer balance de la aplicación de la Ley, "porque cuando pase más tiempo podremos hacer una valoración más rigurosa, pero en mi opinión la Ley ha tenido efectos disuasorios".
Si en la temporada previa a su aprobación, la 2006-2007, la Comisión Antiviolencia propuso 1.349 sanciones, en la temporada 2008-2009 se pasó a 1.143, un 15,3% menos, informó.
El mayor número de propuestas, un 40% (un 42% antes de la Ley), corresponde a infractores de la franja de edad entre 18 y 25 años.
Lissavtezky apuntó a un incremento en las conductas xenófobas y racistas, "normal porque antes no estaban tipificadas". En los dos últimos años han subido una media del 4,3%, "pero no llega al 2% del total de las propuestas de sanción", es decir una media de unas 30 sanciones en cada temporada.
El secretario de Estado indicó que la entrada en vigor de la Ley, que obliga a actuar también fuera de los estadios, ha derivado en un una disminución porcentual de las infracciones dentro de los recintos deportivos, del 85% al 74%, y un aumento de las externas, del 15% al 26%.
"Aunque es un número muy bajo de casos, nueve la pasada temporada y cuatro la anterior, han subido los casos de apedreamiento de autobuses", dijo Lissavetzky.
Baja el consumo de estupefacientes, un 36,1% por ciento, y también las agresiones o insultos a las fuerzas de seguridad, un 6,1%.
Lissavetzky subrayó como dato muy positivo la disminución de propuestas de sanción a clubes, un 40% respecto a antes de la entrada en vigor de la Ley, porque "demuestra más sensibilidad" entre los organizadores de competiciones deportivas.
En la campaña 2008-2009, añadió, se invirtieron más de 190 millones de euros en remodelación de los estadios, sobre todo en videovigilancia, dinero procedente básicamente del 10% de las quinielas que va a la Liga de Fútbol Profesional.
A partir de la próxima temporada, expuso, los clubes tendrán la obligatoriedad de contar con un libro de registro de seguidores.
"Ya sabemos que los violentos no se van a registrar, pero lo que queremos es que las asociaciones que quieran obtener ventajas como entradas, desplazamientos o locales en los estadios estén inscritas. Así se hará aflorar a los seguidores 'buenos'", explicó.
También habló de la posibilidad de instalar arcos de detección de metales en los estadios.
Lissavetzky dejó constancia de que las primeras sentencias judiciales derivadas de los recursos que los sancionados han interpuesto ante la justicia ordinaria, "refuerzan la línea sancionadora de la nueva Ley".
Como conclusión, dijo, "la aplicación de la Ley ha sido positiva, pero queda mucho camino por recorrer para conseguir la utopía de erradicar toda manifestación violenta".
No estuvo de acuerdo con este balance la popular Miriam Blasco, quien aseguró que "sigue habiendo pancartas racistas en los estadios y los grupos ultra siguen utilizando el deporte como altavoz".
"Los datos que a mí me llegan no invitan a ser tan positivo", dijo.
"Según tengo entendido, los coordinadores de seguridad prefieren ser 'colegas' de los grupos ultra, no quieren problemas, tienen miedo", afirmó la campeona olímpica de judo en Barcelona'92.
Blasco consideró que es imprescindible dar cursos de formación a los árbitros "porque no conocen los símbolos racistas" y se interesó por el grado de cumplimiento de las sanciones y por la identificación de páginas web de contenido xenófobo.
Lissavetzky pidió a Blasco que "no rebajase" el papel de los coordinadores de seguridad de los estadios y, tras las críticas de Grupo Popular, indicó que cambiaba su valoración de la aplicación de la ley "de moderadamente positiva a positiva" porque estaba convencido de que había contribuido a "una mayor repulsa social de los grupos ultra".