El Ministerio del Interior y el CSD pedirán hoy, en la reunión que con carácter urgente va a celebrar a las diez de la mañana en el Consejo Superior de Deportes la Comisión Antiviolencia, que los clubes de fútbol se impliquen de manera formal contra los grupos violentos y los expulsen. De alguna manera, los toleran y su presencia en los estadios y alrededores es más que visible.
Sobre la mesa, la muerte de Jimmy, un seguidor del Deportivo que con los Riazor Blues, ultras del equipo gallego, quedó en Madrid con los del Frente Atlético para intercambiar de todo menos felicitaciones de Navidad. A él le costó la vida el encuentro entre bandas en los prolegómenos de un partido que ni siquiera mereció la calificación de «riesgo normal». Si hubiera sido de «alto riesgo» se habría procedido al «embolsamiento» de los grupos violentos que llegan de fuera de Madrid con el equipo visitante.
Miguel Cardenal y Francisco Martínez, secretarios de Estado para el Deporte y de Interior, respectivamente, presidirán excepcionalmente la Comisión, que ha citado al presidente de la Federación, Ángel Villar; al de la Liga, Javier Tebas; a la directora general de Política Interior, al director general de la Policía, al director general de la Guardia Civil y a la directora general de la Oficina Nacional de Deportes (OND), dependiente de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.
A las reuniones semanales de Antiviolencia asisten los responsables de las diferentes oficinas y las preside, como corresponde cada seis meses, la directora general del CSD, Ana Muñoz, o la de Interior. Desde septiembre es el turno del Consejo. Esta reunión es tan singular que por primera vez en no se sabe cuánto tiempo van a sentarse a la misma mesa Miguel Cardenal, Ángel Villar y Javier Tebas, si es que alguno no excusa su presencia. CSD e Interior los han citado. La reunión entre Cardenal y Villar no es nueva; han mantenido dos en los últimos quince días; en la del martes también estuvo Juan Padrón, vicepresidente de la FEF. Pero ésa es otra lucha.
La Comisión evaluará la gravedad de los hechos, analizará todos los informes y escuchará a la Policía, a la Liga y a la Federación, que no suspendió el encuentro por falta de tiempo, pese al requerimiento de la LFP. Un paréntesis: sólo la RFEF tiene potestad para suspender un partido antes del comienzo, pero la Policía puede hacerlo en el transcurso si hay disturbios graves. Oídas las conclusiones –«expulsar a los violentos de los estadios» será una de ellas–, se atenderá a la propuesta de sanciones por parte de la OND para dejar en manos del juez, puesto que hay hechos penales relevantes –¿un homicidio?, varios heridos y detenidos con antecedentes penales–, toda la información para que resuelva.
Antiviolencia no toma decisiones, propone, a las delegaciones de Gobierno, encargadas de sancionar pues son las que deciden si los partidos son de riesgo normal o de alto riesgo. No hay más catalogaciones que ésas. No había advertencia alguna sobre el Atlético-Deportivo y terminó en tragedia. La Comisión suele reunirse los miércoles para castigar hechos habituales: aficionados que portan navajas, o borrachos o consumidores de estupefacientes que alteran el orden público y cuyas multas oscilan, según la gravedad de los hechos, entre los 600 y los 4.000 euros y periodos que les prohiben el acceso a los recintos deportivos a partir de tres meses.
La novedad en este caso ha sido que la convocatoria para la pelea se produjo por «whatsApp», una herramienta inaccesible para la Policía, con lo que «se ha descubierto una rendija en el sistema», afirma apesadumbrado Miguel Cardenal. Que los ultras de diferentes equipos queden para pelearse «es habitual en todo el mundo, y la Policía se entera siempre y pone los medios necesarios para evitar altercados». En esta ocasión la técnica utilizada no estaba controlada; pero hay un muerto y a los clubes se les va a exigir «más colaboración» para expulsar a los violentos de los estadios. Es una orden.
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