Francisco Javier «Jimmy» Romero Taboada, de 43 años, murió este fin de semana después de caer al río Manzanares tras una pelea campal entre hinchas del Atlético de Madrid y Deportivo La Coruña. «Jimmy» era miembro de «Los Suaves», la sección más ultra de la peña Riazor Blues. Detuvieron a 21 personas implicadas en la reyerta del domingo, que pasaron a disposición judicial. Este martes, el juez de Instrucción número 34 de Madrid otorgó libertad con cargos a los 21 detenidos, con la obligación de comparecer dos días al mes.
En la investigación policial se ha barajado la hipótesis de que los ultras habían concertado una pelea vía menajería en las inmediaciones del Estadio Vicente Calderón. Una reyerta que se fue de las manos. El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, señaló en una entrevista en Onda Cero, que los hinchas habían concertado la cita a través de mensajería instantánea. «A mí me consta que el Ministerio del Interior está haciendo una labor de vigilancia preventiva en las redes sociales para determinar el nivel de riesgo de un partido, pero, en este caso, las citas de estos grupos se han llevado mediante 'WhatsApp', que es más difícil de seguir», dijo.
Para determinar esto, los cuerpos de seguridad tendrían que hacer una análisis de las conversaciones mantenidas por los implicados. Ángel Flores Alviz, Teniente de la Guardia Civil de la Unidad Técnica de la Policía Judicial, explica a ABC que para obtener esta información es necesaria una orden judicial.
«Las fuerzas policiales necesitan, obligatoriamente, una orden judicial para poder revisar el contenido de las conversaciones de WhatsApp de los implicados en una investigación. Sin esta orden, nos es imposible obtener dichas conversaciones», explica.
Flores Alviz señala que una vez que existe una orden judicial, el acusado está «obligado a ofrecer dicha información».
Por otra parte, aunque los implicados tengan que hacer entrega del móvil, podrían borrar las conversaciones. Para llegar a ellas, las fuerzas de seguridad deben hacer un esfuerzo extra. «Si se produjera el borrado de chats y registros de conversaciones, sería necesario un completo análisis forense del terminal, con el objetivo de intentar encontrar dichas conversaciones», explica Flores Alviz, del departamento de Análisis Criminal del Grupo de Delitos Tecnológicos. El análisis forense es la aplicación de software y técnicas informática para dar con la información almacenada en el móvil.
Por otra parte, en muchos casos, es necesaria la colaboración de la empresa que gestiona la aplicación, es decir WhatsApp, propiedad de Facebook.
Flores Alviz señala en caso de requerir datos de una empresa extranjera como WhatsApp, las autoridades deben acogerse a las comisiones rogatorias judiciales internacionales. «El problema es el tiempo. Estas comisiones rogatorias retardan las investigaciones, contraponiendo la necesidad inmediata de conocer el contenido de dichas conversaciones, como en el caso que nos ocupa», señala en cuanto al caso de la muerte de «Jimmy» en la reyerta.
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