Los hechos ocurridos antes del Athletic Club-Spartak de Moscú de la semana pasada demostraron que el fútbol, el español en particular y el europeo en general, tiene un problema con la violencia. Lo sucedido en Bilbao no es el primer aviso ni será el último. Ahí está el enfrentamiento entre ultras del Atlético y el Deportivo en noviembre de 2014, que acabó con la muerte de Jimmy; la última Eurocopa, con imágenes que ya se creían olvidadas en la avanzada Europa y que pueden repetirse en el próximo Mundial de Rusia; o más reciente los 23 detenidos antes del Sevilla-Betis en enero de este mismo año.
Los grupos violentos cada vez están más arrinconados, pero siguen estando, algunos de ellos con la complicidad de los clubes a los que animan. "El nivel de incidentes dentro ha bajado muchísimo, pero aun así seguimos teniendo no solo en el estadio, sino en el entorno del fútbol, incidentes violentos", explicó hace un año a El Confidencial Alfredo Lorenzo, jefe de seguridad e integridad de LaLiga, que tras la muerte de Jimmy reforzó su lucha contra los comportamientos violentos, denunciando tras cada jornada comportamientos intolerantes.
Una de los elementos que han propiciado el descenso de la violencia en el fútbol español es la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte aprobada en julio de 2007 (puedes leerlo aquí). Ese texto, y el real decreto de febrero de 2010 que desarrolló su reglamento, otorga a las autoridades deportivas herramientas más efectivas para perseguir comportamientos violentos, discriminatorios o xenófobos en los eventos deportivos. Pero también tiene desde hace años efectos negativos sobre la libertad de expresión de los aficionados.
Las críticas en las gradas
La citada ley otorga mucho poder a ligas y clubes, que la utilizan para retirar pancartas críticas contra los dirigentes. Hay ejemplos recientes, como el de la UD Las Palmas esta misma temporada o el Real Madrid en 2016, pero el asunto viene de lejos. En la primavera de 2011, la Asociación Señales de Humo, grupo opositor a los propietarios del Atlético de Madrid, denunció ante la Delegación del Gobierno la retirada por parte del club de varias pancartas críticas con Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo. En su escrito señalaba que a los aficionados se les había comunicado que la retirada estaba amparada por el artículo 6 b) de la Ley 19/2007, que prohíbe "introducir, exhibir o elaborar pancartas, banderas, símbolos u otras señales con mensajes que inciten a la violencia o en cuya virtud una persona o grupo de ellas sea amenazada, insultada o vejada por razón de su origen racial o étnico, su religión o convicciones, su discapacidad, edad, sexo o la orientación sexual".
La respuesta de la Delegación del Gobierno, aunque tenga casi siete años, es bastante esclarecedora de la situación de la libertad de expresión en los campos de fútbol. "Si el club considera que la exhibición de tales pancartas es contraria a las obligaciones de los espectadores y que vienen recogidas en el reverso de las entradas, puede proceder, como persona organizadora del espectáculo, a adoptar los instrumentos necesarios para restablecer la normalidad, empleando en este caso a los vigilantes de Seguridad Privada para llevar a cabo la retirada de las mismas", escribió Carlos Meca Rodríguez de Rivera, director de seguridad ciudadana del organismo.
Señales de Humo también pedía la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para impedir la actuación de la seguridad privada, a lo que la Delegación respondió que eso sería tomar partido y que "podría acarrear enfrentamientos con otra parte de la afición que sí pueda estar de acuerdo con la actual directiva". Bajo esa premisa, toda crítica que no tenga un respaldo unánime es susceptible de ser silenciada por los clubes. Y si no, entra en juego la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, el órgano administrativo encargado de aplicar la ley.
El tifo contra el racismo en Vallecas
En enero de 2015, esa Comisión requirió información al Sevilla por una pancarta de los Biris contra Javier Tebas, presidente de LaLiga, que decía lo siguiente: "Queridos Reyes Magos, solo os pedimos: llevaos a Tebas de nuestro fútbol". Se amparaba en el artículo 3.2 i), que exige al organizador "garantizar que los espectáculos que organicen no sean utilizados para difundir o transmitir mensajes o simbología que, pese a ser ajenas al deporte, puedan incidir, negativamente, en el desarrollo de las competiciones". "No hace falta ser jurista para darse cuenta de que la frase de la pancarta no puede encuadrarse en ninguno de los supuestos expresamente señalados", escribieron unos días después en 'El Mundo' los abogados Eva Cañizares y José Luis Pérez Triviño.
La misma Comisión propuso hace unos días una sanción de 30.000 euros para el Rayo Vallecano por permitir "el despliegue de un tifo no autorizado con forma de rayo" en el partido contra el Sevilla Atlético el 11 de febrero. El tifo estaba encuadrado dentro de las 'Jornadas Contra el Racismo' en las que participó el propio club: los jugadores salieron al césped con una pancarta. En este caso no es el contenido el objeto de la sanción, sino un error en el procedimiento, pero en cualquier caso es absurdo (y tristemente irónico) que la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte castigue la exhibición de un tifo contra el racismo.
Contra la violencia y contra la política
Bajo el paraguas de la Ley 19/2007 y el real decreto de 2010, LaLiga ha ido desarrollando su normativa para el control de los aficionados en los recintos, que entre otras muchas cosas regula el procedimiento para la exhibición de tifos como el de Bukaneros en los estadios. Entre otras obligaciones, LaLiga exige que su contenido, que debe cumplir con la Ley 19/2007, le sea remitido con al menos 48 horas de adelanto y reciba el visto bueno del Coordinador de Seguridad y el resposable de seguridad del club. Además, no puede hacer referencia alguna al equipo rival ni tampoco podrá tener elementos comerciales, políticos, sociales, religiosos ni reivindicativos. "La esencia de dichos elementos ha de quedar para las expresiones de apoyo al equipo", dice una circular remitida a los clubes en 2015.
Esa cercanía entre violencia y política no es exclusiva del fútbol español, también está en la normativa de la UEFA o de la federación inglesa (FA). Esta última acaba de abrir expediente a Pep Guardiola por llevar un lazo amarillo en señal de apoyo a los políticos presos por el proceso de independencia de Cataluña. En sus reglas sobre equipación y publicidad, la FA dice lo siguiente: "La presencia, o la incorporación, en cualquier elemento de la vestimenta (incluidas las botas) de cualquier mensaje desagradable, amenazante, abusivo, indecente, insultante discriminatorio o de alguna manera ética o moralmente ofensivo, o cualquier mensaje político, está prohibido. La publicidad de productos de tabaco está prohibida".
La UEFA, por su parte, establece en su reglamento disciplinario que cualquier federación o club es responsable del comportamiento inapropiado de sus seguidores, incluso aunque demuestre ausencia de negligencia. Entre los ejemplos de ese comportamiento inapropiado está "el uso de gestos, palabras, objetos o cualquier otro medio para trasmitir un mensaje provocativo que no encaje en un evento deportivo, particularmente mensajes que de naturaleza política, ideológica, religiosa u ofensiva", dice en concreto el apartado f) del artículo 16.2. Ese fue el artículo que ha utilizado para sancionar al FC Barcelona por las esteladas y las pancartas mostradas en los últimos años en el Camp Nou (y en la final de Champions de Berlín).
La UEFA, la FA y la Liga buscan un fútbol libre de violencia. Aún tienen trabajo por delante, pero es innegable que la situación ha mejorado de forma notable en las dos últimas décadas. Pero por el camino quizá están dañando la libertad de expresión de los aficionados. Y a veces también de los protagonistas del juego, como demuestra el caso de Guardiola.
No hay comentarios:
Publicar un comentario