El organismo del fútbol europeo ve indicios de delito en las presuntas apuestas realizadas por López Vallejo (Zaragoza), «Piti» (Rayo), Mario Gómez (Alcorcón), Francisco Javier Suárez y Javier Monteys (Gramanet), Raúl Lucha (Amposta) y Juan Carlos Ceballos (Córdoba)
La Unión Europea de Fútbol Asociado destapó el pasado 11 de octubre «la corrupción existente en el fútbol europeo». Una trama que detectó apuestas ilegales en cuarenta partidos de competiciones nacionales y europeas durante los últimos cuatro años. Uno de los encuentros afectados pertenecía a nuestra Liga: el duelo entre La Unión Deportiva Las Palmas y el Rayo Vallecano, disputado el pasado 13 de junio, perteneciente a la jornada 41 de la Liga 08-09 de Segunda División. El enfrentamiento finalizó con empate sin goles. Un resultado que era bueno para ambos clubes. El equipo canario se salvaba del descenso si conseguía un punto. El madrileño se conformaba con no perder y no recibir ni un sólo gol, porque Cobeño aspiraba todavía al trofeo Zamora.
Los aficionados presentes en el estadio silbaron constantemente a los futbolistas, con cánticos de «tongo». El colegiado, Lizondo Cortés, no tuvo que mostrar ni una cartulina amarilla, dada la suavidad reinante en el césped. Cuatro meses después de la sospechosa igualada, el 11 de octubre, la UEFA remitió a la Federación Española un informe que concretaba las anomalías detectadas en las apuestas relativas a ese partido de Segunda. Extrañó el anormal aumento de dinero invertido sobre ese encuentro en el sur de Madrid, tanto en las casas de apuestas como en el juego «on line».
El expediente del máximo organismo del fútbol continental concretaba que ocho jugadores, «no muy conocidos» según fuentes del caso, apostaron presuntamente por ese partido. Otras fuentes informaron a ABC que, incluso, algunos de los futbolistas acudieron personalmente a las casas de apuestas y fueron conocidos por otras personas. Otros jugadores apostaron con su propio nombre, mientras alguno sí utilizó un intermediario.
El Sistema de Alertas de la UEFA detectó las irregularidades al constatar el ilógico crecimiento de las inversiones para un encuentro de Segunda. Hubo varias reuniones con la Federación Española. El órgano presidido por Platini envió el dossier definitivo con los últimos avances en la investigación y con los nombres de los acusados por jugar fraudulentamente.
El Comité de Competición de la FEF abrió inmediatamente expediente a los implicados y trasladó el caso al Fiscal General del Estado, ante la posibilidad de que las denuncias puedan revestir el carácter de delito penal.
El problema con el que se encontrará la fiscalía es que la adulteración del resultado de un partido, la «venta» de un encuentro, todavía no es delito en España. La Liga de Fútbol Profesional ha pedido su inclusión en el Código Penal, mientras el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, trabaja para añadir este importante capítulo en una nueva ley antifraude.
Dado que estos delitos no se encuentran tipificados legalmente, la fiscalía podría devolver el caso a Competición para que aplique una sanción deportiva. El Comité expuso a este periódico que el Reglamento Disciplinario de la FEF sí encontraría argumentos para castigar estas irregularidades, dada la estafa cometida por personas con licencia federativa.
La denuncia relacionada con el partido Las Palmas-Rayo Vallecano puede ser la punta del iceberg de otras que afecten a más profesionales del balón. Hoy, el fraude que acusa al fútbol español se encuentra en las manos del Fiscal General del Estado.
La Unión Europea de Fútbol Asociado destapó el pasado 11 de octubre «la corrupción existente en el fútbol europeo». Una trama que detectó apuestas ilegales en cuarenta partidos de competiciones nacionales y europeas durante los últimos cuatro años. Uno de los encuentros afectados pertenecía a nuestra Liga: el duelo entre La Unión Deportiva Las Palmas y el Rayo Vallecano, disputado el pasado 13 de junio, perteneciente a la jornada 41 de la Liga 08-09 de Segunda División. El enfrentamiento finalizó con empate sin goles. Un resultado que era bueno para ambos clubes. El equipo canario se salvaba del descenso si conseguía un punto. El madrileño se conformaba con no perder y no recibir ni un sólo gol, porque Cobeño aspiraba todavía al trofeo Zamora.
Los aficionados presentes en el estadio silbaron constantemente a los futbolistas, con cánticos de «tongo». El colegiado, Lizondo Cortés, no tuvo que mostrar ni una cartulina amarilla, dada la suavidad reinante en el césped. Cuatro meses después de la sospechosa igualada, el 11 de octubre, la UEFA remitió a la Federación Española un informe que concretaba las anomalías detectadas en las apuestas relativas a ese partido de Segunda. Extrañó el anormal aumento de dinero invertido sobre ese encuentro en el sur de Madrid, tanto en las casas de apuestas como en el juego «on line».
El expediente del máximo organismo del fútbol continental concretaba que ocho jugadores, «no muy conocidos» según fuentes del caso, apostaron presuntamente por ese partido. Otras fuentes informaron a ABC que, incluso, algunos de los futbolistas acudieron personalmente a las casas de apuestas y fueron conocidos por otras personas. Otros jugadores apostaron con su propio nombre, mientras alguno sí utilizó un intermediario.
El Sistema de Alertas de la UEFA detectó las irregularidades al constatar el ilógico crecimiento de las inversiones para un encuentro de Segunda. Hubo varias reuniones con la Federación Española. El órgano presidido por Platini envió el dossier definitivo con los últimos avances en la investigación y con los nombres de los acusados por jugar fraudulentamente.
El Comité de Competición de la FEF abrió inmediatamente expediente a los implicados y trasladó el caso al Fiscal General del Estado, ante la posibilidad de que las denuncias puedan revestir el carácter de delito penal.
El problema con el que se encontrará la fiscalía es que la adulteración del resultado de un partido, la «venta» de un encuentro, todavía no es delito en España. La Liga de Fútbol Profesional ha pedido su inclusión en el Código Penal, mientras el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, trabaja para añadir este importante capítulo en una nueva ley antifraude.
Dado que estos delitos no se encuentran tipificados legalmente, la fiscalía podría devolver el caso a Competición para que aplique una sanción deportiva. El Comité expuso a este periódico que el Reglamento Disciplinario de la FEF sí encontraría argumentos para castigar estas irregularidades, dada la estafa cometida por personas con licencia federativa.
La denuncia relacionada con el partido Las Palmas-Rayo Vallecano puede ser la punta del iceberg de otras que afecten a más profesionales del balón. Hoy, el fraude que acusa al fútbol español se encuentra en las manos del Fiscal General del Estado.
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