Mucho ha llovido desde aquel 31 de mayo de 2015, día en que el Real Oviedo conseguía en el estadio Ramón de Carranza el ascenso a Segunda División, un encuentro tras el cual se pronunciaba el Comité de Antiviolencia para proponer una sanción al Cádiz CF por una cuantía de 120.000 euros "por diversas deficiencias en las medidas de control de acceso y permanencia de espectadores (exceso de aforo en diversas zonas de las gradas, ocupación de pasillos de evacuación y bocanas, con grave riesgo para los aficionados, falta de vigilantes de seguridad en las puertas durante el encuentro, zonas del estadio sin vigilancia por las que se detectó el acceso sin entrada de numerosos aficionados, etc.)".
El 12 de septiembre de 2017 el club cadista recibía un revés judicial en este caso, ya que la Audiencia Nacional confirmaba la sanción y un mes después desestimó el recurso contencioso-administrativo que los servicios jurídicos de la entidad presentaba contra esta sanción, pero varios meses después el Cádiz CF ha podido respirar al haber sido anulada la sanción por la propia Audiencia Nacional, como informa Diario de Cádiz.
Esta favorable decisión de la Audiencia Nacional se ha producido tras presentar el responsable jurídico del Cádiz CF, Martín José García Marichal, un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que ni siquiera se ha pronunciado, ya que antes de continuar con el trámite, se resolvía el caso emitiendo un auto con la nuridad de la anterior sentencia, evitando que el club cadista se desprendiese de 120.000 euros, más las costas del juicio, por este caso.
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