Los tres ultras del Real Sporting, dos hombres y una mujer, procesados por agredir a dos agentes de la Policía Nacional en los prolegómenos de un partido en El Molinón contra el Deportivo de La Coruña -disputado el 5 de marzo de 2017- llegaron ayer a un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular para eludir su ingreso en prisión. Pero mantener la libertad será a cambio de "medidas ejemplarizantes" que el juez dictará mediante un auto en ejecución de sentencia.
El primer paso para no ingresar en prisión será abonar la responsabilidad civil de 6.000 euros, una pena impuesta sólo a la única acusada de este procedimiento -por las lesiones ocasionadas a una de las agentes- pero que afecta al resto de implicados. De ese pago, que el juez permitirá fraccionarlo en 200 euros mensuales presumiblemente, dependerá la suspensión de la condena que los tres aceptaron ayer tras reconocer los delitos que se les imputaban.
En estos casos, lo habitual es que la suspensión de condena esté supeditada a que el implicado no delinca en los próximos dos años, pero en esta ocasión se pedirá, supuestamente, que sea por un plazo de tres años en el caso de la acusada y de cuatro años para los otros dos procesados, por contar ambos con antecedentes. La sentencia llevará aparejada además un auto judicial con una serie de medidas -que estarán vigentes durante el mismo tiempo que se fije en la suspensión de condena y que pretenden ser ejemplarizantes para evitar la violencia en el fútbol- como son la prohibición de acercarse al estadio de El Molinón y mantenerse alejados de cualquier peña vinculada al Real Sporting, especialmente a la que ellos pertenecen o están vinculados. Tampoco podrán ser ni siquiera identificados en algún tipo de disturbio o incidente violento por la policía. Estas son previsiblemente las medidas que el magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón les impondrá, sin perjuicio de que pudiese añadir más condiciones al auto judicial debe elaborar al respecto.
Durante la vista oral celebrada ayer, los tres acusados -defendidos por Guillermo Calvo- escucharon por boca del juez los cargos que se les imputaban. La acusada aceptó un año de cárcel por un delito de atentado contra agente de la autoridad -cogió del pelo y tiró al suelo a una policía y otros seis meses de cárcel por un delito de lesiones. También aceptó el pago de 6.000 euros y un tercio de las costas del proceso, incluidas las de la acusación particular, ejercida por la letrada Sylvia Garrido Galindo, letrada de la Confederación Española de Policía (CEP). Otro de los acusados, de 24 años, aceptó seis meses de prisión por un delito de desobediencia mientras que el tercer implicado, 39 años, recibió un año de prisión por atentado contra agente de la autoridad y el pago de una multa de 300 euros por un delito leve de lesiones. Una vez emita el auto el juez se conocerán todas las medidas que deberán cumplir para evitar su ingreso en prisión por el tiempo aceptado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario