Vandalismo sin control en Portugal

En los 'archivos' de la policía son alrededor de 2.000 nombres de los seguidores, la mayoría vinculados a animadoras, que ha participado en incidentes violentos en el campeonato nacional de los juegos de fútbol. Sólo la temporada pasada, había 184 casos graves en las primeras etapas de la Liga, fue formalmente identificado 189 personas y detenidas 19. Fue el mayor número de incidentes registrados en los últimos cinco años.
Sin embargo, según el Presidente del Consejo para la Seguridad y la Ética en el Deporte (CESD), Manuel Brito, la prohibición de entrar en los estadios se ha aplicado en tan sólo el seis personas. Y sólo uno de estos exige que el debe de estar en la zona de residencia en los días de juego, como una manera de vigilar el cumplimiento. Pero no es así, reconoce Manuel Brito, "no hay control".
El Instituto del Deporte de Portugal (IDP) hace caso omiso de una solicitud de la Dirección Nacional de la PSP de manera que la información sobre la identidad de los gamberros que se impide por orden judicial, a entrar en los estadios de fútbol. De acuerdo con la legislación en vigor desde 2004, es el de desplazados internos, la autoridad gubernamental, que centraliza esta lista es remitida por los tribunales.
Según fuentes oficiales de la policía, "la anticipación de las principales competiciones deportivas y de cara al futuro las medidas necesarias de seguridad de procedimientos", se hizo esta petición "el 13 de agosto de 2008, la respuesta no ha sido acusado hasta el momento."
El portavoz oficial del Instituto se convierte en 'bola' a otra entidad, "dado el nuevo marco legal, tenemos la información al Consejo para la Seguridad y la Ética en el Deporte (CESD), donde representó al Ministerio del Interior ". Tanto los desplazados internos o el CESD están protegidos por el Secretario de Estado para la Juventud y el Deporte. El secretario de Estado, Laurentino Dias, quien, por cierto, prometió hace un año un nuevo marco jurídico para este asunto, no quiso testificar.
De hecho, dos de las medidas más importantes previstas por la ley contra la violencia en el deporte, publicado hace cuatro años, dejó el documento. Una de ellas es la creación de una base de datos nacional en el IDP, de centralizar los registros de las personas prohibidas de entrar en el eventos deportivos, que no se hizo.
Otra medida es la aplicación de la controvertida acta de animadoras de fútbol, con los nombres de todos los elementos. El CESD está recibiendo las listas, pero no todos se identifica. Sin embargo, se ha preparado un anteproyecto de ley que prevé un agravamiento de las penas de prisión y las sanciones contra los aficionados violentos.