El 1 de diciembre de 2014 una tormenta de portadas y directos de televisión sacudió al deporte español. La muerte de un ultra del Deportivo de La Coruña al que ultras del Frente Atlético lanzaron al Manzanares el día anterior en medio de una tumultuosa reyerta volvió a desatar las alertas como cada vez que se produce un suceso similar. Enseguida se abrieron debates sobre la violencia en el fútbol, los delitos de odio en el estadio... y por supuesto se reunió una comisión gubernamental.
La reunión la dirigieron el secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, y el máximo responsable del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal. Y tuvo la fanfarria de las citas trascendentes. La Comisión Estatal Contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte sentó a la mesa a uniformes con galones de la Guardia Civil y la Policía -empezando por su director general, Ignacio Cosidó,- al presidente de la Liga, Javier Tebas, a la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, entre una veintena larga de autoridades.
La cita aportó a la prensa una buena ración de titulares que alumbraban el comienzo de un tiempo nuevo: tolerancia cero a la violencia en el deporte, persecución del racismo allí donde se produzca, punto final a los delitos de odio... y los clásicos anuncios sobre el endurecimiento de las sanciones.
Lo anunció el propio Cardenal: a partir de ese día iban a cerrarse gradas o estadios enteros y se inhabilitaría a directivos cómplices con los grupos radicales. Nada de esto ha pasado desde entonces, pese a que la propia Liga admite que cada año denuncia a sus propios clubes por unos 60 episodios de racismo o xenofobia en los estadios.
Todos los episodios se han enterrado bajo multas económicas irrisorias a sociedades anónimas deportivas que manejan decenas o centenares de millones de euros en sus cuentas de resultados.
Mes y medio más tarde de aquel gabinete de crisis tras la pelea mortal del Calderón, la Federación Española de Fútbol aprobó en enero de 2015 una circular que modificaba el reglamento general y el código disciplinario "en materia de lucha contra la violencia, el racismo la intolerancia y la xenofobia en el fútbol".
El documento introducía cambios en una veintena de artículos de las normas para prevenir y castigar las conductas racistas. Además de facultar al delegado de la Federación para ayudar al árbitro a suspender el partido, otorgaba presunción de veracidad a sus actas en las que debía quedar registrado cualquier cántico o consigna xenófoba.
En su penúltimo párrafo la circular advertía: "Se abre un nuevo panorama en la represión de los actos o conductas de carácter violento, racista, xenófobo o intolerante, al incorporar una nueva escala de sanciones que prevea el cierre parcial de las instalaciones deportivas cuando estos se producen por primera vez, adecuado así el ordenamiento federativo al de la UEFA y FIFA. Además, durante el período de cumplimiento de sanción la zona del estadio deberá mostrar un mensaje de condena a los actos y conductas violentas, racistas...".
La circular está fechada el 14 de enero de 2015 en Las Rozas (Madrid) -donde está la sede de la Federación- y lleva la firma de su secretario general, Jorge Pérez. Las modificaciones permitían cerrar una grada de un estadio durante cuatro partidos al primer episodio de cánticos racistas.
Un año más tarde, el 11 de enero de 2016, la Federación emitió con mucho más sigilo otra circular que corregía a la anterior y en la que ya no se advertía nada sobre los cierres de gradas o estadios la primera vez que registrasen conductas racistas. El documento, firmado por el mismo secretario general, Jorge Pérez, modificaba de nuevo la parte del reglamento que alude al código disciplinario, en cinco artículos "que se refieren principalmente a las sanciones sobre cierres parciales de las gradas, adecuando las sanciones a las circunstancias concurrentes y a la gravedad de los hechos, en aras a conseguir soluciones proporcionales y justas a los casos concretos".
La nueva revisión de la normativa admitió en su penúltimo párrafo que los cambios se producen "a propuesta de la Liga Nacional de Fútbol Profesional" donde están representados todos los grandes equipos de Primera y Segunda División y que preside el controvertido Javier Tebas, militante de joven en el partido ultraderechista Fuerza Nueva y que todavía hoy echa de menos en España a políticos como Le Pen.
El párrafo de la circular que cita las peticiones de la Liga hay que entenderlo como un episodio más del enconado enfrentamiento que mantienen ambos organismos. El director general de Seguridad e Integridad de la Liga, Alfredo Lorenzo, asegura que lo que reclamaron los clubes fue introducir una sanción intermedia para que los organismos sancionadores -en manos de la Federación- no tuviesen que elegir entre una multa económica o el cierre de una grada durante cuatro partidos: que pudiesen clausurarse durante una, dos o tres jornadas.
"Si un comportamiento de violencia verbal comporta cuatro partidos de pena", afirma, "imagínate uno de violencia física: tendría que cerrarse el campo toda la temporada. Nosotros pensamos que era necesario introducir graduaciones, sobre todo porque hasta ese momento no se había cerrado ningún estadio ni grada. El grado de implicación de la Federación no es el adecuado. La ley otorga a la Liga un papel de parte que puede denunciar, pero quien instruye y sanciona es el Comité de Competición. El año pasado nosotros mandamos 60 denuncias con sonidos de los gritos de distintas aficiones y no se clausuró ninguna grada ni siquiera con el nuevo reglamento que permite clausurar sectores durante un único partido".
Ni la Federación Española de Fútbol ni ningún miembro de los comités de competición o apelación -que nunca comparecen para justificar sus decisiones- han querido atender las llamadas de eldiario.es.
El primer incidente en la primera jornada
Esta temporada la competición en Primera División ya se ha estrenado con otro episodio bochornoso. El pasado domingo el árbitro Carlos Clos Gómez interrumpió un partido en el Molinón, por las onomatopeyas racistas que un grupo de aficionados del Sporting de Gijón corearon contra Iñaki Williams, un jugador español de raza negra del Athletic de Bilbao.
Los incidentes están pendientes de ser juzgados por el Comité de Competición que ya ha abierto un expediente. A tenor de los los antecedentes, lo más probable es que todo acabe otra vez en una mera sanción económica. Las ONG antirracistas han pedido contundencia para desterrar estas prácticas de los campos de fútbol.
Eduardo Iturralde González arbitró durante 17 años en Primera División, formó parte del comité de árbitros de Euskadi y hoy es comentarista deportivo en medios de comunicación. Él lo tiene claro: "Fue la presión de los grandes clubes la que logró que se relajasen las medidas contra el racismo y la xenofobia en los estadios. A la segunda vez que se cierre un estadio, se acabaron los gritos racistas pero las presiones de los clubes lo han impedido".
El responsable de Seguridad de la Liga asegura que su organismo hace todo lo que puede, que los clubes se están implicando trabajando con sus peñas y subraya que, desde la muerte de Jimmy en el Manzanares, que marcó un punto de inflexión en la tarea colectiva de erradicar la violencia en los estadios, "se aprecia un descenso del 30% o 40% en los episodios racistas. La temporada pasada, la Liga envió al Comité de Competición unas 60 denuncias que no implicaron ningún cierre total ni parcial de un estadio".
Además de la Liga, las Fuerzas de Seguridad del Estado y los delegados de la Federación están habilitados para denunciar comportamientos racistas o xenófobos en los campos de fútbol. En este caso, sus actas sí tienen presunción de veracidad. Pero el resultado de sus expedientes es el mismo: multas económicas simbólicas para equipos que manejan muchísimo dinero.
La Liga recuerda además que desde hace meses remite semanalmente a la Federación una propuesta para que las aficiones de los equipos visitantes no gocen de impunidad en los estadios a los que acuden y que se pueda responsabilizar de sus comportamientos a los equipos a los que siguen, como ya hace la UEFA. Esa propuesta para cambiar el reglamento y adaptarlo al del fútbol europeo nunca ha sido tenida en cuenta, asegura Lorenzo, responsable de seguridad de la Liga.
Por debajo del nivel de la UEFA
En la historia reciente del fútbol español, no se han producido clausuras de estadios en Primera o Segunda División, pese a que los episodios de racismo se repiten temporada tras temporada. Ni siquiera las agresiones han recibido ese castigo que sí aplican otras ligas europeas y la UEFA, la organización que organiza las competiciones continentales.
El Comité de Competición, un órgano adscrito a la Federación Española de Fútbol, decretó el cierre del Sánchez Pizjuán, campo del Sevilla, durante cuatro partidos en 2012. Un grupo de ultras había propinado una paliza a un guardia jurado y agredido también al entonces portero del Betis, Toni Prats. Pero los recursos de la directiva del Sevilla dejaron el expediente en una multa económica de 30.000 euros.
En Segunda B, sí se cerró en febrero un sector del estadio del Club Deportivo Mensajero después de que un grupo de aficionados agrediesen al árbitro al final de un partido contra el Barakaldo. El equipo canario tuvo que abonar una multa de 3.000 euros. El expediente federativo concluye que no estableció las medidas de seguridad adecuadas para garantizar la integridad del trío arbitral.
Mientras tanto, el polémico presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, se postula para convertirse en el prohombre del fútbol europeo y ya ha presentado candidatura a la UEFA, sumida en una grave crisis tras la dimisión de su presidente, Michel Platini, implicado en un caso de corrupción y sobornos.
