La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha ordenado a la Audiencia Nacional que abra una investigación contra un grupo antifascista de Burgos denominado Resaca Castellana al que se atribuye un posible delito contra la Corona y en cuya sede social se encontraron artefactos explosivos caseros, pistolas simuladas, navajas y un manual de “lucha callejera” que ilustraba como fabricar “cócteles molotov”. Los magistrados de la Sala de lo Penal, presididos por Joaquín Giménez, han decidido remitir la causa a la Audiencia Nacional al concluir que los delitos que podrían haber cometido los miembros de Resaca Castellana son competencia de este órgano jurídico, según consta en un auto hecho público hoy. La policía decidió investigar al grupo de extrema izquierda, vinculado a los “ultras” del Burgos C.F., ante la convocatoria de una “jornada de lucha” con motivo de la celebración en la ciudad de la Cumbre de Ministros de Trabajo y Seguridad Social de la Unión Europea, que tuvo lugar el 23 y 24 de abril de 2010. Los agentes encontraron durante el registro de su sede social un artefacto incendiario de fabricación casera, dos pistolas simuladas, cuatro navajas, un hacha, sprays de defensa, dos defensas extensibles y una multitud de bates de béisbol y palos. DELITO CONTRA LA CORONA También se incautaron de abundante material para la fabricación de más artefactos caseros, como petardos de gran potencia y botes de líquido inflamable. En la sede se encontró asimismo un documento titulado “manual de lucha callejera” que enseñaba, entre otras cosas, a elaborar cócteles molotov. Los agentes encontraron también en el local de Resaca Castellana un cartel con el lema “muerte al Rey”, lo que pusieron en relación con el hecho de que pocos días después se iba producir la visita de la Reina Sofía a la Universidad de Burgos. El Juzgado de Instrucción número 2 de Burgos, al entender que los hechos podrían ser competencia de la Audiencia Nacional –entre otros elementos por la supuesta existencia de un delito contra la Corona- decidió inhibirse y remitir la causa a este órgano jurídico. En contra de estos argumentos, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, al que recayó la causa por reparto, decidió rechazar la inhibición. El Tribunal Supremo resuelve ahora este conflicto jurídico, atribuye la causa al juzgado de Moreno y ordena al magistrado iniciar una investigación.
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