Los expedientes ya derivaron en el procesamiento con prisión de tres hinchas aurinegros y la internación de dos menores de edad, así como las citaciones en calidad de indagados de varios parciales. "Se debería investigar a la barra brava de Peñarol como si fuera un asunto de crimen organizado", dijo a El País un operador judicial.
Uno de los expedientes judiciales se inició el 22 de marzo de este año tras el asesinato en el barrio Maroñas de Renny Auditore Ferreira, un hombre con antecedentes penales y supuestamente vinculado a una facción de la barra brava mirasol.
Auditore Ferreira era considerado un "pesado" en el submundo del hampa. En 2001 participó del copamiento a la sede de la empresa de transporte EGA, en Río Branco y Colonia. Junto con un cómplice, tomó de rehenes a 11 personas en ese atraco.
Pese a ese prontuario, Auditore Ferreira fue ejecutado por dos adolescentes de corta edad, quienes lo ultimaron de varios tiros en la cabeza en la esquina de Capitán Villademoros y Argerich, poco después de que concluyera el partido entre Peñarol y Sudamérica, el 21 de marzo de este año.
Según informó la Jefatura de Montevideo, los dos menores huyeron en un auto que los esperaba en las cercanías.
Efectivos de la Dirección de Información Táctica de la Jefatura de Montevideo, en coordinación con la jueza Beatriz Larrieu, iniciaron una investigación y lograron identificar a los dos autores. La Justicia de Adolescentes decidió su internación en el INAU por el delito de homicidio.
Uno de los matadores es hijo de la Negra Sole, una mujer que guardaba en su casa de Cerro Norte un verdadero arsenal que pertenecía al Negro Paolo, otro hincha de Peñarol de la barra de Cerro Norte.
Hoy el Negro Paolo está preso por el homicidio del ex preso Richard Luján Díaz ocurrido el 10 de febrero de este año en Santa Cruz de la Sierra y Pasaje B.
La Negra Sole también está presa por tráfico de armas en calidad de depósito. Dos días después de la muerte de Luján Díaz, efectivos de la Jefatura de Montevideo y de la Guardia Republicana encontraron en su casa ametralladoras y pistolas calibre 9 milímetros que pertenecían al Negro Paolo y al Vitito. Cuando esos dos sujetos estaban prófugos, sus fotos —proporcionadas por el Ministerio del Interior— fueron publicadas en los canales de televisión y en medios de prensa escritos.
Secuestro.
En tres expedientes judiciales —en los juzgados de 7°, 11° y 19° turno, respectivamente— se menciona enfrentamientos y luchas de poder entre integrantes de la barra brava de Peñarol. Ellos se vinculan con el tráfico de drogas en las tribunas, la venta de entradas remanentes y los ingresos generados por las "donaciones" hechas por jugadores de fútbol.
Una de las primeras indicaciones del enfrentamiento entre facciones rivales de la hinchada de Peñarol se registró el 18 de marzo pasado en una declaración en el Juzgado de 19° Turno de un sujeto que participó en la muerte de Luján Díaz.
"El Coco es un pibito de la hinchada de Peñarol requerido por un secuestro (de otro hincha de una facción rival). Tenía un plan para matar a un guacho (Auditore Ferreira) en el estadio y Paolo lo frenó", dijo el indagado.
Tres días más tarde, se concretó la muerte de Auditore Ferreira a manos de dos menores. Como coautores, la jueza Larrieu remitió a la cárcel al Coco y a otro sujeto llamado el Peludo.
En ese juzgado, otro de los indagados declaró que había sido el autor de los disparos que hirieron a tres integrantes de una facción rival cuando Peñarol jugó un partido amistoso contra Lanús, el 30 de enero de este año en Colonia.
En otro caso, que es investigado por el juez Roberto Timbal, aparecen también varias referencias a las disputas dentro de la hinchada de Peñarol. El expediente se refiere al secuestro de J.C.M., el propietario de una cantina del barrio Marconi, poseedor de antecedentes penales.
Los secuestradores primero exigieron US$ 200.000 por el cantinero, pero luego lo liberaron sin hacerle ningún daño.
Fuentes judiciales indicaron a El País que investigadores de la Dirección de Información Táctica descubrieron que el cantinero secuestrado pertenecía a una de las "barras" de Peñarol. Por el secuestro la Justicia indagó al Coco pero no se lograron pruebas en su contra. Lo remitieron por posesión de un arma cuyo registro había sido limado.
En breve, el juez Timbal citará al Negro Paolo para que declare como indagado por el secuestro del cantinero del Marconi. "Esa persona está segura porque está presa", dijo una fuente del caso a El País.
Policía fichó a 400 hinchas revoltosos.
Desde hace tres años, la Dirección de Inteligencia Policial tiene registrados a unos 400 hinchas considerados problemáticos, la mayoría de ellos aficionados a Nacional y Peñarol.
Según fuentes policiales, cada hinchada de los clubes grandes tiene un "cerno duro" de medio centenar de parciales violentos que lideran las respectivas barrabravas. Este "cerno" se divide en subgrupos en función de los barrios donde viven sus integrantes.
El relevamiento de Inteligencia Policial incluyó filmaciones, fotografías y seguimientos de los líderes de cada una de estas facciones.
Además, la base de datos de esta unidad policial cuenta con filmaciones de incidentes realizadas en el Estadio Centenario.
Tanto Nacional como Peñarol tienen referentes de seguridad que ayudaron a mantener bajo el clima de violencia dentro de los estadios, reconocieron fuentes policiales a El País. Sin embargo, agregaron, hay un grupo de hinchas jóvenes mirasoles y albos que rechazan ese liderazgo. Esos referentes son pagos por los clubes para que brinden seguridad según una sugerencia efectuada tiempo atrás por el Ministerio del Interior.
Así lo señalaron varios directivos de ambos clubes. Jerarcas de dicha cartera desmienten esa versión.
En varias oportunidades, el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez advirtió que los referentes de la seguridad deben ser profesionales y no líderes de las hinchadas.
Señaló que indicó que los clubes son entidades privadas y pueden hacer lo que quieran: despedir o no a esos funcionarios. "Ellos sabrán a quiénes contratan y a quiénes no", expresó el jerarca gubernamental.
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