La pancarta más cara del mundo regresará esta noche a Riazor para acompañar desde uno de los fondos del estadio el partido de octavos de final de Copa del Rey entre Deportivo y Alavés (21,15 horas. BeIN Sports). Cada vez que el mural con la leyenda “Riazor Blues” luce en el coliseo coruñés, la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte emite una propuesta de sanción de 30.000 euros contra el club herculino. El de esta noche será su décimo partido como local esta temporada, lo que unido a varias notificaciones de la campaña pasada eleva la factura cerca de los 350.000 euros. “Son multas absurdas que vamos a recurrir y a ganar”, anuncia Tino Fernández, presidente del Deportivo. Solo una de ellas, de 10.000 euros, está ya en la vía administrativa y pendiente de apelación. El resto están pendientes de tramitación por parte del Ministerio del Interior.
El conflicto se genera a partir de una situación que invita a reflexionar sobre como se afronta la aplicación de la normativa vigente. A raíz del asesinato, todavía sin culpables, del seguidor deportivista Francisco Javier Romero “Jimmy” en Madrid, autoridades políticas y deportivas invocaron la necesidad de aplicar la ley promulgada desde 2007 para así erradicar situaciones como la generada aquella mañana en el Manzanares. Uno de los puntos en los que más se incidió fue en la necesidad de que todos los grupos de aficionados se inscribiesen en un libro registro que debe respetar los requisitos de identificación y responsabilidad establecidos por la legislación asociativa vigente.
A finales de marzo de 2016, quince meses de los sucesos de Madrid Río, el grupo Riazor Blues se inscribió en ese libro registro. Aportó nombre y apellidos de sus responsables y se avino a la normativa. No fue una decisión cualquiera porque durante los 28 años anteriores el colectivo, que había comenzado bajo el lema “no somos ultras, somos divertidos” y en el que con el tiempo algunos integrantes derivaron hacia comportamientos alejados de lo lúdico, jamás había figurado como tal no ya en ningún listado asociativo sino ni siquiera dentro de la propia federación de peñas del Deportivo. En ese limbo estuvieron hasta que se impuso una reflexión interna y además el club gallego les hizo ver que, en el contexto actual, debían estar dentro de la norma. Nadie puso pegas ni a nivel gubernamental, policial, ni tampoco en la Comisión, así que al fin de semana siguiente los Riazor Blues llevaron, ya al amparo de la ley, su pancarta al estadio. El Deportivo recibió entonces dos propuestas de sanción: una por permitir que luciesen esa enseña y otra, el calendario marcaba un derbi gallego en Balaídos, por “favorecer” su desplazamiento a Vigo y proporcionarles acceso a entradas, tal y como hicieron con cualquier otro grupo de aficionados debidamente registrado.
La Comisión invoca el artículo 2 de la Ley 19/2007 para justificar las multas, un epígrafe genérico que alude a grupos que en el pasado participaron en altercados, riñas o desórdenes públicos en recintos deportivos o aledaños. Bajo el nombre de Riazor Blues hay, en efecto, un historial en varios episodios de este tipo. Pero el artículo 9 de la Ley fija unas condiciones que, al cumplirlas, ayudan a que se puedan integrar en el sistema. “En el Deportivo entendemos que el fútbol es un vehículo de integración y no de eliminación. Queremos incorporar a todo aquel que crea que la violencia ya no tiene cabida en nuestro deporte y vamos a seguir en esa línea”, apunta Martín Pita, consejero responsable del Area Social en el Deportivo.
En el Deportivo subrayan que ese es el camino. En el último partido celebrado en A Coruña, desde el fondo que ocupan los Riazor Blues un chico lanzó un petardo sobre el área que además ocupaba entonces el portero local. De inmediato los aficionados que le rodeaban se lo reprocharon y ayudaron a que los responsables de seguridad le identificasen y expulsasen del recinto. El club tramita ahora un expediente que puede culminar en una prohibición para que esa persona entre en el estadio durante un tiempo. “No estamos teniendo incidentes, no accede al campo ningún seguidor que esté sancionado, el comportamiento de nuestra afición es ejemplar y nos encontramos con una multa cada partido”, lamenta el presidente Tino Fernández. “No hay una base jurídica para las sanciones, no se tipifica en base a qué Riazor Blues se debe considerar como un grupo violento, al contrario, se le ha permitido entrar en el registro como a cualquier otro grupo constituido de aficionados. Tampoco en ningún sitio se tipifica que la pancarta con el nombre de una peña incite a la violencia y así lo entiende la policia, que permite que entre en el estadio”, argumentan desde el Deportivo, que hace dos meses solicitó la dimisión del presidente de la Comisión. El cambio de Gobierno ha traído su relevo y ahora el club espera turno para hablar con su sustituto y encontrar un entendimiento. “Tenemos un compromiso total de lucha contra la violencia, una tolerancia cero. Queremos hablarlo y seguro que estaremos de acuerdo y se solucionará”, cree Tino Fernández.
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