La Delegación del Gobierno en Asturias continúa tramitando estos días el procedimiento sancionador que se abrió en agosto del pasado año contra los ultras del Sporting de Gijón acusados de protagonizar una violenta pelea en la que los radicales gijoneses se enfrentaron con los hinchas del Génova minutos antes de la celebración del trofeo «Villa de Gijón». Los abogados de los veintitrés ultras contra los que carga la Delegación del Gobierno han anunciado ya la presentación de un escrito de alegaciones contra las sanciones -que se elevan en alguno de los casos de los detenidos hasta los 10.000 euros-, alegando que el Juzgado de instrucción ya ha archivado «por falta de pruebas» el procedimiento en el que se acusaba a sus clientes.
Los letrados de los hinchas gijoneses mantienen que, a pesar de que la Delegación del Gobierno envió ayer mismo un último comunicado de sanción, «no deben aplicarse estas multas» ni las prohibiciones de acceso a estadios deportivos después de que, tal y como resaltan los propios abogados, «un juez dijera que no se había podido identificar plenamente a los acusados y los absolviera archivando todo el caso».
En un primer momento la Comisión Nacional Antiviolencia en el Deporte había propuesto sanciones que sumaban los 100.000 euros para quince de los ultras gijoneses identificados. El expediente abierto desde el Gobierno central se fue ampliando de tal manera que a día de hoy veintitrés radicales gijoneses cuentan con propuestas de sanción económica cuya cuantía varía entre los 3.000 y los 10.000 euros. Una suma esta última que se solicita sólo para un joven al que la Comisión califica como «el cabecilla del grupo radical y violento». La Delegación del Gobierno acusa a los hinchas de participar «en una pelea multitudinaria llevando consigo todo tipo de objetos contundentes para agredir violentamente a los seguidores del equipo visitante».
La Brigada de Información de la Comisaría de El Natahoyo arrestó durante la investigación de la pelea a un total de veintisiete radicales: doce del Génova y quince del Sporting. Los arrestos tuvieron lugar poco después de la pelea, que se produjo el 13 de agosto del pasado año en las inmediaciones del Kilometrín. Fue allí donde aficionados del Génova y del Sporting se enfrentaron en una violenta trifulca en la que participaron más de medio centenar de jóvenes armados con palos, banderas y bengalas. La Policía Local disolvió en un primer momento a los acusados, que salieron huyendo de la zona. Los radicales del Génova se desplazaron hacia la zona del puente del Piles, asegurando que los del Sporting «nos estaban esperando», mientras que los gijoneses culparon por su parte a los italianos de la pelea. La Policía logró identificar a los acusados gracias a un vídeo grabado por un agente fuera de servicio que salía de la Feria de Muestras minutos antes de la trifulca. El Juzgado de instrucción encargado del caso no dio por válidas estas pruebas y archivó de forma temporal el caso manteniendo la acusación contra uno de los arrestados, al que se imputa un delito de atentado contra agente de la autoridad. La trifulca se saldó en su día con varios heridos que tuvieron que ser asistidos en centros sanitarios y hospitalarios de la ciudad.
Los abogados de los ultras pretenden ahora que la Delegación del Gobierno desista también de las multas que pretende imponer a sus clientes, a los que también se quiere prohibir la entrada a estadios deportivos. Muchos de estos radicales pertenecientes a la hinchada más violenta del Sporting ya habían sido imputados por la violenta pelea que los enfrentó con radicales del Sevilla en diciembre del año 2009 en el barrio de La Arena. Una trifulca que aún continúa investigándose en los juzgados de instrucción de Gijón, a pesar de que los trabajos «llevan un tiempo parados», tal y como volvieron a ratificar ayer en conversación con este periódico fuentes cercanas al caso.
Los letrados de los hinchas gijoneses mantienen que, a pesar de que la Delegación del Gobierno envió ayer mismo un último comunicado de sanción, «no deben aplicarse estas multas» ni las prohibiciones de acceso a estadios deportivos después de que, tal y como resaltan los propios abogados, «un juez dijera que no se había podido identificar plenamente a los acusados y los absolviera archivando todo el caso».
En un primer momento la Comisión Nacional Antiviolencia en el Deporte había propuesto sanciones que sumaban los 100.000 euros para quince de los ultras gijoneses identificados. El expediente abierto desde el Gobierno central se fue ampliando de tal manera que a día de hoy veintitrés radicales gijoneses cuentan con propuestas de sanción económica cuya cuantía varía entre los 3.000 y los 10.000 euros. Una suma esta última que se solicita sólo para un joven al que la Comisión califica como «el cabecilla del grupo radical y violento». La Delegación del Gobierno acusa a los hinchas de participar «en una pelea multitudinaria llevando consigo todo tipo de objetos contundentes para agredir violentamente a los seguidores del equipo visitante».
La Brigada de Información de la Comisaría de El Natahoyo arrestó durante la investigación de la pelea a un total de veintisiete radicales: doce del Génova y quince del Sporting. Los arrestos tuvieron lugar poco después de la pelea, que se produjo el 13 de agosto del pasado año en las inmediaciones del Kilometrín. Fue allí donde aficionados del Génova y del Sporting se enfrentaron en una violenta trifulca en la que participaron más de medio centenar de jóvenes armados con palos, banderas y bengalas. La Policía Local disolvió en un primer momento a los acusados, que salieron huyendo de la zona. Los radicales del Génova se desplazaron hacia la zona del puente del Piles, asegurando que los del Sporting «nos estaban esperando», mientras que los gijoneses culparon por su parte a los italianos de la pelea. La Policía logró identificar a los acusados gracias a un vídeo grabado por un agente fuera de servicio que salía de la Feria de Muestras minutos antes de la trifulca. El Juzgado de instrucción encargado del caso no dio por válidas estas pruebas y archivó de forma temporal el caso manteniendo la acusación contra uno de los arrestados, al que se imputa un delito de atentado contra agente de la autoridad. La trifulca se saldó en su día con varios heridos que tuvieron que ser asistidos en centros sanitarios y hospitalarios de la ciudad.
Los abogados de los ultras pretenden ahora que la Delegación del Gobierno desista también de las multas que pretende imponer a sus clientes, a los que también se quiere prohibir la entrada a estadios deportivos. Muchos de estos radicales pertenecientes a la hinchada más violenta del Sporting ya habían sido imputados por la violenta pelea que los enfrentó con radicales del Sevilla en diciembre del año 2009 en el barrio de La Arena. Una trifulca que aún continúa investigándose en los juzgados de instrucción de Gijón, a pesar de que los trabajos «llevan un tiempo parados», tal y como volvieron a ratificar ayer en conversación con este periódico fuentes cercanas al caso.
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