La jueza letrada de 2º turno de San Carlos, Ana Reloba, dispuso el procesamiento sin prisión de una docena de efectivos de Rocha. Los uniformados fueron acusados de efectuar un "procedimiento ilegal" que culminó con una decena de hinchas colombianos -ocho hombres y dos mujers- heridos de escasa entidad.
A pedido del fiscal Jorge Pasaron, la magistrada procesó a once agentes por un delito de lesiones personales, y al Director de Seguridad rochense por abuso reiterado de funciones y lesiones.
La resolución de la magistrada se relaciona con un incidente ocurrido en la madrugada del viernes en un campamento, montado por 10 hinchas colombianos del Atlético Nacional, a corta distancia del peaje de la Ruta 9 en el departamento de Maldonado.
Los hinchas colombianos habían llegado a pie desde territorio brasileño, donde asistieron al partido que su club disputó la pasada semana con el Gremio de Porto Alegre por la Copa Libertadores de América.
En su periplo por la parte sur del continente, los hinchas colombianos pasaron por el Chui, donde mantuvieron enfrentamientos con comerciantes del lado brasileño, al parecer por tentativas de robo. Los comerciantes los enfrentaron con bates de béisbol, lo que provocó la huida de los hinchas colombianos hacia territorio uruguayo.
Fuentes del caso señalaron que alguno de los colombianos fue detenido por un hurto de bagatela cometido en un supermercado. De todas formas, la jueza dispuso su libertad.
Las autoridades rochenses determinaron que los diez colombianos fueran trasladados hacia el departamento de Maldonado en un móvil policial, que los dejó en el peaje sobre Ruta 9.
Campamento.
En la madrugada del viernes montaron un campamento a 200 metros de ese lugar. Los colombianos pretendían hacerlo junto al peaje pero un efectivo de la Policía Caminera se lo impidió.
Por eso se dirigieron a poca distancia del lugar donde luego de armar un campamento con ramas se quedaron dormidos. Los empleados del peaje, nerviosos por la presencia de los colombianos, advirtieron del hecho a la Policía de Rocha.
Por causas que los procesados no pudieron explicar, los efectivos rochenses ingresaron al departamento de Maldonado advertidos por los funcionarios del peaje de la sospechosa presencia de los colombianos.
Para actuar en el departamento vecino, el director de seguridad rochense ordenó la comparecencia de efectivos de diversas unidades, todos ellos munidos con palos, cascos y armamento de disuación.
En el momento de ingresar a Maldonado, el comisario rochense no pidió autorización a su propio jefe ni notificó a las autoridades de la Jefatura de Policía del otro departamento. Menos a la jueza letrada de turno de la ciudad de San Carlos.
Según se desprende de las actuaciones judiciales, uno de los efectivos realizó un disparo intimidatorio al aire para advertir a los colombianos de la presencia de los uniformados.
Luego los policías efectuaron varios disparos con balas de goma que impactaron en el cuerpo de los visitantes.
Los policías reaccionaron así porque los colombianos, según dijeron, los esperaron desafiantes con piedras y palos en la mano.
Por el contrario, los hinchas aseguraron que estaban durmiendo y que fueron despertados por los disparos de armas de fuego efectuados por los policías. Esta versión fue corroborada por testigos presenciales del hecho.
Golpes y puntapies.
Los policías ordenaron a los colombianos que se tiraran sobre la tierra boca abajo, y aprovecharon para golpearlos con palos y aplicarles puntapiés. En su defensa, los policías aseguraron que las heridas exhibidas por los colombianos fueron provocadas cuando fueron atacados con bates de béisbol por los comerciantes del Chui.
Luego de un rato de insultos y golpes, los policías comenzaron a liberar de a uno a los colombianos, quienes siguieron a pie en dirección a José Ignacio. Al poco rato llegaron al destacamento policial Izcua, ubicado a la altura del kilómetro 174,500 de la Ruta 9 jurisdicción de la Seccional 13ª de José Ignacio.
Los encargados del destacamento los alimentaron y les dieron abrigo al tiempo que advirtieron de la situación a sus superiores. Los colombianos fueron conducidos ante el médico forense de turno quien, además de certificar sus heridas, notificó del hecho a la jueza Reloba. Apenas enterada, la magistrada ordenó la conducción de los colombianos a la sede de la Seccional 2ª de la ciudad de San Carlos. Además, dispuso la conducción de los doce efectivos policiales al juzgado a su cargo.
Hurtos.
En su estada en tierras carolinas, dos de los colombianos robaron un celular en una empresa fúnebre y un chaleco reflector en la comisaría. Por esta razón fueron procesados por un delito de hurto agravado. Los hinchas quedaron en libertad y su intención era dirigirse hacia Montevideo, para asistir al partido que se disputó anoche en el Parque Central.
Para el diputado José Carlos Cardoso "los policías se comieron un garrón con este caso"
"No tengo dudas que los funcionarios policiales se comieron un garrón con este caso", manifestó el diputado nacionalista José Carlos Cardoso. "El Ministerio del Interior debió dar batalla en los estrados judiciales", agregó el legislador rochense.
"Aquí el Ministerio debe asumir una férrea defensa de estos efectivos policiales porque de lo contrario, corremos el riesgo de que la Policía baje los brazos y mire para el costado", señaló Cardoso a El País.
"Estos ciudadanos andan deambulando de un lado para otro. Frecuentemente la Policía debe enfrentar situaciones con personas que no hacen gala de buenas costumbres y actuar en esas circunstancias requiere del respaldo necesario", indicó.
"La policía es nuestra única esperanza de luchar contra la inseguridad y no es posible que los deje en esta situación frente a ciudadanos que no dudaron en robar en una comisaría y hasta en una funeraria; es evidente que no es gente fácil para tratar", reflexionó.
Sostuvo que, desde su perspectiva, el Ministerio del Interior debe hacer sentir su respaldo frente a estos funcionarios que acudieron ante el llamado de colaboración para enfrentar desórdenes en el peaje de Garzón, teniendo como antecedentes que habían tenido inconvenientes en el Chui brasilero y, para colmo de males, hurtan en una comisaría y hasta en una funeraria. "No es posible que el resultado sea el procesamiento de los funcionarios policiales que intentaron poner orden", opinó
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