La subdelegación del Gobierno está a la espera de recibir el atestado de la Guardia Civil sobre los incidentes del sábado en Alba de Tormes, en el encuentro entre el conjunto local y el Unionistas de Primera Provincial, para iniciar los trámites adecuados de acuerdo a la Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.
Javier Galán subrayó que una vez que conozcan los datos de los doce ultras identificados por las Fuerzas de Seguridad aplicarán la Ley al límite. Al procedimiento administrativo, por el que los violentos, al ser la infracción denominada como "muy grave" por la Guardia Civil, pueden ser sancionados con cantidades desde los 60.000,01 euros hasta los 650.000, además de la prohibición de accedo a cualquier recinto deportivo por un periodo entre dos y cinco años, se le puede unir la incoación de un proceso penal. En ese caso, el proceso administrativo podrá iniciarse, aunque no podrá haber una resolución hasta que no hubiera una sentencia firme en la causa penal. Las cantidades con las que pueden ser sancionados los ultras hace que la competencia la tengan las siguientes instituciones: Secretaría de Estado de Seguridad (desde 60.000,01 a 180.000 euros), Ministerio del Interior (de 180.000,01 a 360.000) o el Consejo de Ministros (de 360.000,01 a 650.000).
Además, desde la subdelegación del Gobierno aseguraron que se aumentara aún más la presencia policial en los encuentros que se consideren conflictivos.
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