La tragedia del estadio de Port Said abre un nuevo e incierto capítulo. Tres años y una sentencia anulada después, el tribunal penal de Port Said ha condenado a muerte este domingo a 11 personas presuntamente involucradas en la muerte de 74 aficionados de fútbol en un proceso interminable que coincide con el inicio del juicio por la última matanza en un estadio egipcio.
El tribunal ha remitido a los condenados al muftí de Egipto y máxima autoridad religiosa del país, Shauqi Alam, cuya opinión no es vinculante. El resto de los 73 acusados por el mayor desastre futbolístico de la última década conocerá su sentencia el próximo 30 de mayo. El tribunal ha ordenado además el secreto de sumario y el arresto de los acusados que siguen en libertad. Entre quienes se sientan el banquillo, figuran nueve responsables de la seguridad y tres directivos del club local Al Masri.
El 1 de febrero de 2012, 74 personas perdieron la vida en el estadio de Port Said al término de un partido que enfrentó al laureado equipo cairota Al Ahli con Al Masri. Aquella noche una multitud invadió el césped tras la victoria local y arrojó piedras, botellas y bengalas a los aficionados de Al Ahli, ante la permisividad de las fuerzas de seguridad. En apenas un cuarto de hora, el estadio se convirtió en una trampa en un suceso nunca esclarecido.
Un castigo a los ultras que encabezaron las revueltas
La versión más extendida culpó del incidente a la policía o los partidarios del derrocado Hosni Mubarak en un intento de castigar a los ultras, que formaron la avanzadilla frente a los agentes en los días de las revueltas que forzaron la salida del dictador. Tres años después, el proceso sigue abierto en la enésima muestra del enredo de litigios y altercados políticos en el que se halla sumido el país más poblado del mundo árabe.
En enero de 2013, una corte penal de Port Said condenó a muerte a 21 personas supuestamente implicadas en la matanza. En marzo de 2013 la justicia cerró el proceso con el fallo a los 52 acusados restantes. Corrieron distinta suerte: cinco recibieron cadena perpetua; 14 fueron condenados a penas de cárcel entre 10 y 15 años, y 28 resultaron absueltos, entre ellos siete policías.
Sin embargo, en febrero de 2014 el Tribunal de Casación aceptó los recursos presentados por la Fiscalía y la defensa y ordenó la apertura de un nuevo proceso judicial. El fallo inicial desató varios días de violencia callejera que se saldaron con más de 40 muertos y varios centenares de heridos. Para recuperar el control, el entonces presidente Mohamed Mursi decretó el estado de emergencia e impuso el toque de queda en Port Said, Suez e Ismailia, las principales plazas que jalonan el estratégico canal de Suez.
La población de Port Said interpretó la penal capital contra una veintena de sus vecinos como la señal de que el Estado -frágil y herido por décadas de centralismo- había optado por sacrificar Port Said para salvar El Cairo de los ultras de Al Ahli, que habían amenazado con la anarquía en caso de dictarse cualquier destino distinto a la horca.
Inicio del juicio por la muerte de 19 aficionados
El nuevo veredicto coincide con el inicio este sábado del juicio contra 16 personas acusadas de participar en los actos de violencia que estallaron en las inmediaciones de un estadio propiedad del ejército, en las afueras de El Cairo, el pasado 8 de febrero segando la vida de 19 aficionados. Se disputaba un partido de la primera división entre los equipos locales Zamalek y el ENPPI.
Los acusados se enfrentan a los cargos de vandalismo, asesinato premeditado, resistencia a la autoridad, sabotaje de bienes públicos y privados y posesión de artefactos explosivos. El tribunal penal de la capital egipcia aplazó la sesión hasta el 18 de mayo para permitir a la defensa examinar el expediente. En la apertura de la causa, los 16 presuntos autores del altercado negaron los cargos y denunciaron que su confesión había sido arrancada a golpe de tortura.
A pesar del reguero de muertos, el partido llegó a celebrarse. Poco después, el régimen suspendió la liga que se reanudó el pasado 30 de marzo a puerta cerrada. Según las controvertidas investigaciones de la fiscalía, el incidente es una prueba de la colaboración de los Hermanos Musulmanes con los ultras del Zamalek. "La Hermandad, en su obsesión por arruinar la estabilidad del país, aprovechó la conexión de algunos de sus miembros con los ultras del Zamalek y les proporcionó dinero y explosivos para perpetrar actos violentos durante los partidos de la liga", detalla el pliego.
En las horas previas a la cita, la multitud -encaramada a las verjas del recinto o hacinada en unos accesos acotados por una especie de jaula rodeada de alambradas de púas- se abalanzó sobre la puerta. Las imágenes en vídeo del fatídico momento -divulgadas por los testigos- muestran como, para hacer frente a la avalancha, las fuerzas de seguridad optaron por arrojar gases lacrimógenos y disparar perdigones contra el gentío. Lejos de dispersar la concentración, la carga policial terminó desatando el infierno. Cientos de aficionados quedaron atrapados en mitad del sofoco.
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