Las barras bravas - ultras o 'hooligans'- representan un cáncer para el fútbol profesional de Argentina, el deporte nacional por excelencia. Ya cargan sobre sus espaldas nada menos que 301 asesinatos en batallas campales en los estadios y emboscadas por ajustes de cuentas.
Pese a ello la sociedad no reacciona como sería necesario ante esa enfermedad colectiva. Ya se han probado varios antídotos y ninguno ha surtido efecto, desde el veto personalizado de ingreso a las gradas o la suspensión del estadio, hasta proscribir del partido a toda una afición .
El último intento por frenar a las barras bravas ha sido un proyecto que propuso modificar el código penal e incluir la tipificación de los delitos y el monto de los castigos para los violentos. Lo presentó Martín Insaurralde, un 'cristinista' que estuvo sólo un año de diputado, se casó con una vedette y renunció al escaño.
La iniciativa planteaba condenar con hasta ocho años de prisión a los hinchas que protagonicen "sucesos de violencia, faltas al orden público o delitos indeterminados en ocasión de espectáculos futbolísticos, sus prácticas o entrenamientos, antes, durante o después de realizados".
En principio parecía que el proyecto iba a pasar sin sobresaltos por la comisión de legislación penal del congreso de los diputados y luego sería debatido en el hemiciclo. El gobierno de la provincia de Buenos Aires mandó a su secretario de Deportes, Alejandro Rodríguez, en señal de respaldo a la medida.
Sin embargo en la reunión de comisión la diputada oficialista Diana Conti, que proviene del partido comunista pero se ha convertido en una 'cristinista' acérrima, ha salido con una reacción inesperada y ha planteado objeciones que pusieron todo marcha atrás.
"El Frente para la Victoria (de la Presidenta Cristina Fernández) no está de acuerdo con estos proyectos" pues producen "una estigmatización del barrabrava", ha argumentado. Y ha opinado que "el derecho penal no es una solución mágica" y se debe "ser cuidadosos con los aumentos de pena o una tipificación de los barrabravas".
'Medidas necesarias'
El secretario de Deportes Rodríguez ha respondido que "no queremos estigmatizar a nadie, queremos que se penalice una conducta". Y ha explicado que la propuesta es "una herramienta" que la provincia de Buenos Aires necesita "imperiosamente" para poner freno a los violentos en el balompié.
Pero como el bloque oficialista del Frente Para la Victoria al que pertenece Conti tiene la mayoría en el congreso, la iniciativa ha quedado archivada. Y de momento no se conoce que haya propuestas alternativas en firme, sólo borradores que, según dicen, analizarán los asesores legislativos.
La nueva manita que el 'cristinismo' ha echado a las barras bravas no sorprende. Si hasta la mismísima Presidenta Cristina Fernández, viuda de Kirchner, confesó, en un discurso en la Casa Rosada, que le "maravillaban" verlos "colgados (en la grada) y con la bandera, arengan, arengan y arengan". "La verdad, mi respeto para ellos", soltó.
Su gobierno también hasta ha financiado a los energúmenos del fútbol. Les ha pagado los viajes 'all inclusive' a los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, a través de la ONG "Hinchadas Unidas Argentinas" (HUA), que nucleaba a lo 'mejorcito' de las barras bravas.
Los integrantes de las barras bravas manejan varios negocios del espectáculo. Reventa de entradas, drogas y alcohol en las gradas, montar chiringuitos, cobrar aparcamiento en los estadios son algunos de esos 'chollos'. A veces también perciben tajadas monetarias por las ventas de jugadores.
Todo ello de común acuerdo con los dirigentes de los clubes más algunos políticos, que cuando necesitan a los 'muchachos' para alguna faena particular los convocan. Por ejemplo, la barra brava del club All Boys -categoría primera B- hizo de claque en un mitin del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 8 de septiembre de 2013 en el estadio institucional Islas Malvinas.
El dirigente ultra 'cristinista' y ex secretario de Tierras, Luis D'Elía, confió que les había pagado 25 mil pesos (2.500 euros al cambio oficial) durante una llamada telefónica interceptada y grabada por un juez. A raíz de ello, ha sido denunciado penalmente por el delito de "malversación de fondos públicos".
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