El Elche ha levantando desde el inicio de temporada alrededor de 50 expedientes a abonados y aficionados del club por ir contra el reglamento interno de la entidad ilicitana. A muchos de ellos se les ha prohibido temporalmente el acceso al estadio Martínez Valero por romper butacas, lanzar objetos al campo, tratar de entrar al recinto con un abono de bebé, cambiar de posición en el campo, insultar a los miembros del consejo a través de la web de la entidad, reñir con un aficionado, proferir insultos racistas como los que se escucharon en el partido que el equipo franjiverde disputó ante el Granada el pasado 26 de octubre, e incluso, intentar atropellar a un vigilante en el parking interior del coliseo ilicitano.
Dicho reglamento interno estaba vigente desde hace años, aunque no se aplicaba. De hecho, en la parte de atrás de los abonos se puede leer que el Elche SAD se reserva el derecho de anular el presente abono, caso de incumplimiento por el abonado de las normas de funcionamiento o de conformidad a la legislación vigente. Además, se insiste que el titular se compromete a cumplir el RD 201/2010 de 26 de febrero de 2010, sobre el Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
A partir de los insultos proferidos al futbolista Nyon, durante el encuentro ante el club nazarí, el Comité de Antiviolencia obligó al Elche a utilizar dicho reglamento de régimen interno. El club lo actualizó a los nuevos tiempos y lo aprobó en el consejo. Seguidamente, se informó de ello a la Agrupación de Peñas y al resto de peñistas. «Lo único que se trata es de garantizar la seguridad y los derechos de los aficionados. No se trata de castigar por castigar a nadie ya que ninguno nos beneficiamos de eso», confesó ayer el director general Antonio Rocamora al ser preguntado ayer sobre el tema. A su juicio «se trata de funcionar de acuerdo a unas normas de urbanidad y si llegan las críticas se aceptan, pero dentro de unos parámetros que siempre son más favorables que siguiendo la vía penal o administrativa. El espíritu es proteger al aficionado y así como reconducir la conducta del aficionado infractor».
En esa línea, sobre la abogada del Elche, Cristina Birlanga, recae el papel de instruir cada uno de los casos de acuerdo con el citado reglamento de régimen interno. Junto a la asesora jurídica trabaja un secretario. Seguidamente, existe un comité formado por un licenciado en Derecho, un sicólogo y un secretario que reciben la propuesta de la instructora y resuelven oportunamente el expediente. Una vez incoado el expediente y comunicada la resolución, el abonado o aficionado puede acudir a un comité de apelación que se ha creado en la entidad formado por otro abogado, un secretario y un vocal. Al final, la documentación llega al consejo de administración que es el que finalmente revisa todas las sanciones.
Desde el Elche se asegura que se han reducido las multas al club en la última temporada. Anteriormente, la media era de 200.000 euros, mientras que en el último año Antiviolencia sólo ha sancionado al club con 3.000 euros por invadir el campo tras el partido ante el Castilla con el ascenso a Primera ya consumado.
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